- El Código Penal penaliza la usurpación de aguas con penas que van desde los 61 días a 3 años de presidio y multas que van de 20 a 5.000 U.T.M., es decir de $1.295.860 a $323.000.000
Bien se sabe, que la extracción de aguas en Chile es sancionada en el Código Penal en el artículo 459, denominado “usurpación de aguas”, en este sentido, la Junta de Vigilancia del Río Chillán (JVRC) denunció a privados ante la Dirección General de Aguas (DGA), de un sistemático robo de este vital recurso desde el canal Los Pellines, río Chillán, comuna de Coihueco. Se trata de la extracción irregular de unos 600 litros por segundo aproximadamente, en comparación de los 2,95 litros por segundo que es entregado a cada usuario de derecho de agua del río Chillán.
Desde el directorio de la JVRC afirman que se trata de la cuarta parte del cauce del río que se ve afectado actualmente, en este contexto, el presidente de la JVRC, Héctor Jaque, sostiene que “la Junta de Vigilancia ha denunciado en reiteradas ocasiones la extracción ilegal de aguas ante la DGA de Ñuble, específicamente por el desvió del río hacia la bocatoma del canal Los Pellines, en donde hemos verificado la intervención del cauce del río Chillán por parte de privados, sin tener un título de dominio de derechos de aguas ”.
Además, la autoridad de la Junta de Vigilancia agregó: “Veo con tremenda preocupación el robo de agua, le hacemos un llamado a las autoridades regionales que se hagan cargo y denuncien esta irregularidad ante los organismos que correspondan. Además, la Junta de Vigilancia realizó formalmente una denuncia ante la DGA, la cual fue rechazada por el actual director regional y el cual desestimó mediante una resolución exenta N°645, que data del 12 de junio de 2023 y notificada el 18 de octubre del mismo año en pleno periodo de riego”, concluyó.
Respecto a la denuncia denegada, el asesor jurídico de la JVRC, Francisco Chávez, asegura que “en la misma resolución de rechazo, el director regional de la DGA Ñuble, manifiestó que actuará de oficio ante la denuncia mencionada, sin embargo, nuestra institución constató durante toda la temporada de riego que tales privados continuaron con el río intervenido en distintas fechas. Por lo mismo, le solicitamos por escrito al director regional de la DGA, del resultado de la investigación que iba a realizar por oficio en el sector Los Pellines, hecho que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta oficial por parte de la DGA Ñuble”.
Bajo este marco, Chávez declara que “la negligencia de la DGA está perjudicando al menos a 1500 regantes usuarios de derechos de aguas, por lo cual, la estadística oficial que está entregando este organismo está desvirtuada por el mencionado robo de aguas en el río Chillán, lo que corresponde a un 30%. Y por si no fuera poco, los privados denunciados ya habían sido condenados por el pago de una multa en UTM que alcanzaría los 97 millones, sin embargo, la DGA nunca envío a la Tesorería General de la Republica para que este ente la cobrara”.
Conforme a ello, el gerente de la JVRC, Carlos Leiva, sostiene que “la Junta de Vigilancia hace lo que el Código de Aguas le permite y le pide hacer, que es denunciar el robo de agua por parte de privados ante la DGA, pero los denunciados no paran, ponen obstáculos de ingreso al sector, dificultando la inspección por parte de nuestros profesionales”. Además, Leiva afirmó: “El estado es el único ente que tiene la potestad y la fuerza pública para intervenir en estos casos”.
De este modo, desde el directorio de la JVRC sostienen que a través de su asesor jurídico constataron en el Conservador de Bienes Raíces (Cs.Bs.Rs.) de Chillán y Coihueco que no existe ninguna persona natural y jurídica que tengan aguas inscritas en el sector antes denunciado, y en efecto, hacen un llamado de toma de acciones a la autoridad regional, en especial, al gobernador y al seremi de obras públicas del MOP, con el fin de solucionar este grave problema que afecta a los accionistas del río Chillán.
Junta De Vigilancia Río Chillán
