Este miércoles 26 de agosto, conmemoramos el Día de la Educación Técnico Profesional, una fecha que invita a reflexionar sobre un desafío central para el desarrollo de nuestra región: cómo lograr que la formación de nuestros jóvenes, dialogue efectivamente con las necesidades del mundo productivo.
Esta discusión cobra especial relevancia en el Biobío. Las últimas cifras muestran una tasa de desocupación regional de 10,6% durante el trimestre mayo-julio, mientras que el desempleo joven llega a un 11,5%. Detrás de estos números existen miles de personas que buscan una oportunidad y empresas que, al mismo tiempo, muchas veces tienen dificultades para encontrar trabajadores con las competencias que requieren.
Esta realidad no podemos mirarla de reojo, sino que debe interpelarnos.
Durante años ampliamos la oferta formativa sin encauzar dicha formación con las necesidades presentes y futuras del mercado laboral. La expansión de la gratuidad permitió ampliar el acceso a la educación superior, pero también generó incentivos que no estuvieron alineados a la empleabilidad, la demanda creciente de capital humano o las necesidades productivas de la región. Cuando el financiamiento de la formación se desvincula de esas señales, podemos terminar formando profesionales en áreas con escasas oportunidades laborales, mientras sectores estratégicos enfrentan dificultades para encontrar técnicos y trabajadores especializados.
A ello se suma una transformación tecnológica que avanza rápidamente. La automatización, la inteligencia artificial y la digitalización están modificando ocupaciones, transformando procesos productivos y creando nuevos perfiles laborales. Competencias que hace algunos años eran altamente demandadas comienzan a perder vigencia, mientras surgen nuevas necesidades que el sistema formativo debe ser capaz de abordar.
Frente a este escenario, la Educación Técnico Profesional representa una enorme oportunidad.
Una de sus principales fortalezas es su vinculación directa y ágil con el mundo productivo. La formación dual permite que los estudiantes conozcan tempranamente la realidad laboral, desarrollen competencias en contextos reales y enfrenten problemas concretos antes de incorporarse plenamente al trabajo, y, para las empresas, significa también participar en la formación del capital humano que necesitarán en el futuro.
Su segunda fortaleza es la capacidad de adaptación. Frente a un mercado laboral que cambia aceleradamente, necesitamos programas capaces de incorporar nuevas tecnologías, actualizar competencias y facilitar procesos de reconversión laboral, y ello, lo encontramos en las carreras técnico profesional, que a diferencia de las universitarias posee una ruta tradicionalmente más corta.
Y este desafío no corresponde únicamente a los jóvenes. La reconversión será una realidad cada vez más frecuente para trabajadores de todas las edades.
En este proceso, el estado también tiene una responsabilidad central. Desde el gobierno del presidente Kast estamos promoviendo una agenda legislativa y de políticas públicas que faciliten la reconversión laboral, modernice las reglas del trabajo y entregue mayor flexibilidad para incorporar nuevos trabajadores al empleo formal. También desde la Subsecretaría del Trabajo y la Subsecretaría de Educación Superior, se han aunado en un trabajo conjunto a través de la “mesa para el fortalecimiento de la educación técnico profesional”, integrada además por institutos de formación técnica de la región, y órganos públicos como Sence y Chile Valora. Ya en su segunda edición el pasado jueves, avanza por reconectar el mundo técnico profesional con el empleo, y relevar la importancia de ella para el futuro laboral en Chile, apuntando a una realidad que ya es tendencia en Europa. Esa agenda debe también derribar barreras que todavía dificultan la participación laboral femenina, la que a través de la ley de sala cuna, promueve condiciones que permitan compatibilizar mejor el trabajo y vida familiar, ampliar las oportunidades de contratación y facilitar la incorporación de más mujeres al mercado laboral.
El trabajo que venimos impulsando debe ir de la mano con la economía. Ninguna política de capacitación tendrá éxito si no existe una economía capaz de generar oportunidades. Por eso debemos volver a poner el empleo, el crecimiento y la productividad en el centro de la discusión pública. Es ahí donde vemos que el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social da en el clavo y valoramos su aprobación, pero no es lo único, debemos apuntalar y orientar las políticas para que los empleos se generen y se absorba la fuerza laboral. En una región industrial, portuaria, forestal, logística y manufacturera como el Biobío, necesitamos una alianza permanente entre educación, empresas y Estado.
Nuestro desafío no puede ser simplemente entregar más títulos. Debe ser generar más oportunidades y formar a las personas para los empleos que existen hoy y, sobre todo, para aquellos que vendrán mañana. Es ahí, en la educación técnica profesional donde vemos una real alternativa, y que transita positivamente en el ecosistema, dejando de ser el eterno Plan B de la educación.
