Para profundizar en la propuesta iniciada en mensaje, las y los senadores recibirán a representantes de la SUSESO. Esta semana conocieron la impresión de FONASA y la COMPIN.
Urgencia simple puso la nueva administración al proyecto que modifica el periodo de carencia del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público y fortalece las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
Así la Comisión de Salud retomó el estudio en general del mensaje, dado que las autoridades del periodo pasado solicitaron más tiempo para conversar con los gremios que representan a los trabajadores del sector público.
A la última sesión de la instancia, asistieron el director de Fonasa, César Oyarzo; y el director del departamento de COMPIN nacional, Rodrigo Berríos. Se espera recibir la próxima semana a la titular de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) (S), Patricia Soto.
Cabe recordar que la propuesta busca mejorar la eficiencia en la asignación de recursos garantizando un sistema que fortalezca la protección de los trabajadores, así como la sostenibilidad del sistema.
En la práctica, se define un nuevo periodo de carencia. Actualmente si la licencia médica tiene una duración de 11 días o más, se pagan desde el primer día. Si la licencia es de 10 días o menos, los primeros 3 días no son pagados. En la práctica hoy aplica solo para el sector privado. El proyecto establece el periodo de carencia en 2 días independiente de la duración de la licencia y aplicará para todos los trabajadores. Así, se homologa el pago en el mundo público y privado terminando con el actual beneficio que permite a los trabajadores del Estado percibir el total de su sueldo en caso de reposo.
En la sesión del 7 de abril, las autoridades reconocieron ser partidarias de la iniciativa argumentando en una serie de cifras que dan cuenta de la situación actual. Así compararon el comportamiento de licencias públicas y privadas explicándose que “los trabajadores públicos presentan 14,3 días de reposo por año, mientras que el privado, 10,2 días, lo que grafica la gran cantidad de licencias cortas que se emiten en lo público”.
“El proyecto permitirá ahorrar 180 mil millones de pesos (…) esto porque se espera que se emitan menos licencias cortas por los cambios a la carencia y al pago correspondiente (…) También hay que mejorar la gestión porque hemos detectado servicios que no han tramitado los sumarios ordenados por la Contraloría, y potenciar los cruces de información con las policías (…) Otro desafío es rebajar el porcentaje de la cotización que corresponde al SIL”, mencionó Oyarzo.
Tras las intervenciones, el senador Sergio Gahona celebró la urgencia planteando la necesidad de incorporar en el proyecto la “disminución gradual de la tasa de reemplazo en la remuneración”; por su parte el senador Enrique Lee planteó la necesidad de evaluar una cotización diferenciada pensando en el alto costo del SIL e hizo ver la situación del extremo norte dado que “muchos pacientes cruzan a Perú a ser atendidos por médicos porque lo necesitan”.
A su vez, el presidente de la Comisión, el senador Juan Luis Castro consultó “¿si el SIL implica un derecho social y se busca combatir el abuso, por qué se pasa de 3 a 2 días de carencia, y se hace universal el cambio?”.
En tanto, la senadora Ximena Ordenes solicitó evaluar la ley de grandes emisores y reconoció “la pertinencia de rebajar la presión del gasto del sector”. A su vez, la senadora Karol Cariola sinceró no ser partidaria del proyecto argumentando que “la reducción de la carencia reduce el derecho a licencia y genera un efecto redistributivo regresivo. Veo lo peligroso que significa esta presunción de abuso”.
Con todo, la Comisión acordó oficiar a la Contraloría sobre las razones que explicarían la demora en que han incurrido ciertos servicios a la hora de ejecutoriar los sumarios por licencias fraudulentas.
REBAJA PRESUPUESTARIA
En tanto, el lunes 6 las y los senadores recibieron a la ministra de Salud, May Chomalí; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; el Subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; el director de Fonasa, César Oyarzo; y el asesor de la Subsecretaría de Redes, Benjamín Ahumada, con el fin de conocer los lineamientos del ministerio de Salud para los próximos cuatro años.
Los detalles de la alerta sanitaria para reducir en 90 días las listas de espera oncológicas GES y No Ges, y la necesidad de revisar la rebaja del gasto del sector de un 3%, fueron algunos de los temas abordados en la ocasión.
En forma transversal, las y los parlamentarios pidieron a la ministra Chomalí que haga ver las consecuencias de cumplir con la rebaja de un 3% de la cartera (517 mil millones de pesos) que ordenó el ministerio de Hacienda a todo el poder Ejecutivo. La autoridad reconoció que está en conversaciones para dejar el guarismo en un 2,5% (431 mil millones de pesos) considerando las múltiples necesidades.
“En un contexto de estrechez de financiamiento, lo que hemos hecho es revisar en detalle los niveles de gasto del sistema buscando reajustar el programa de inversiones y aplicar medidas de eficiencia. También hemos hecho un levantamiento de cuáles son los proyectos que están en tramitación, que pueden generar una presión de gasto. Hemos identificado cinco: el uso del segundo prestador GES, la modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, la licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), el proyecto de grandes emisores y la ley Ricarte Soto”, explicó Ahumada.
En tal sentido, el senador Castro aseguró que “pedir un recorte parejo en todos los ítems al ministerio de Salud, la verdad es que se parece a algo así como quitarle el pan a un niño, o sea, algo que parece contraintuitivo”.
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