Los jefes comunales de Mulchén, Quilaco y Puerto Montt destacaron que el proyecto, que pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, cambia el foco desde la respuesta a la emergencia hacia la planificación territorial y la prevención obligatoria.
Tras la reciente aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Prevención de Incendios Forestales, diversos alcaldes de la zona centro-sur del país manifestaron su apoyo a la normativa que ahora enfrenta su etapa final en el Congreso. La iniciativa busca dotar a los municipios y organismos técnicos de nuevas facultades para reducir la vulnerabilidad de los territorios frente a siniestros.
Desde la Región del Biobío, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, destacó que la ley refuerza la estrategia preventiva que ya lidera su comuna. “Esta normativa va en la dirección correcta, ya que refuerza la prevención y busca anticiparse a las emergencias, lo que es coherente con el trabajo que como municipio venimos desarrollando a través de nuestro Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres”, expresó Muñoz.
El edil subrayó la importancia estratégica de su territorio, ya que “Mulchén presenta una complejidad particular, es la última comuna de la región, colindante con la macrozona sur, con una extensa superficie rural y forestal. Esto nos obliga a mantener una alerta permanente y una planificación preventiva acorde a esa realidad”.
Segundo después, Muñoz agregó que, si bien la ley entrega herramientas relevantes, su correcta implementación dependerá del respaldo financiero del nivel central. “Como municipios estamos disponibles para asumir mayores responsabilidades en materia de prevención, planificación territorial y control, pero para que estas facultades sean efectivas se requiere un fortalecimiento real de los recursos destinados a las comunas de alto riesgo”, concluyó.
Por su parte, Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi), calificó el avance legislativo como una cuestión de vida o muerte para las zonas rurales. “Para comunas como la nuestra, este no es solo un avance legal, es una herramienta de supervivencia”, afirmó.
En el mismo sentido, Urrutia hizo hincapié en el nuevo rol de los municipios, donde “lo más relevante es que cambia el paradigma, dejamos de mirar solo la emergencia para poner el foco en la planificación territorial. Con esta ley tendremos facultades reales para exigir perímetros de exclusión y zonas de interfaz protegidas, obligando a que la planificación urbana y rural considere la seguridad de las familias como prioridad absoluta”.
Desde la Región de Los Lagos, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight, enfatizó que la ley aborda de manera técnica la complejidad de las ciudades con alta interfaz urbano-rural. “No podemos seguir improvisando. Necesitamos que los instrumentos de planificación territorial reconozcan explícitamente el riesgo de incendios, permitiendo prohibir o regular edificaciones en zonas críticas”, sostuvo.
Wainraight destacó además el concepto de corresponsabilidad que introduce la norma, esto porque “esta ley representa un avance significativo al fortalecer la prevención y reforzar la responsabilidad entre el Estado, los municipios y la comunidad, responsabilizando a los propietarios en la adopción de medidas de protección. Confiamos en que la Cámara ratificará pronto este proyecto, comprendiendo la urgencia para comunas con alto riesgo”.
El proyecto ahora será analizado por la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite constitucional, donde se espera su pronta sanción para convertirse en ley de la República antes del cierre del periodo legislativo.
