En el país de nunca jamás, donde Peter Pan lidera a los niños perdidos, pareciera reflejarse el Chile que vimos en la última cadena nacional: un país de palabras que se lleva el viento y promesas que se repiten sin materializarse. Un relato que flota en el voluntarismo, como si la poesía fuera suficiente para resolver los problemas de una economía real que muestra señales preocupantes.
El IMACEC de agosto apenas alcanzó un 0,5 %, arrastrado por una contracción de 8,6 % en la minería, mientras desde La Moneda se celebra un IPC de 0 % como si fuera un logro estructural y no un respiro pasajero. La ilusión de la UF congelada se diluirá pronto, cuando el tipo de cambio presione nuevamente los precios. Lo fiscal tampoco ofrece mayor respiro: el déficit se expande, la deuda pública ya sobrepasa el 43 % del PIB y las alertas del Consejo Fiscal Autónomo siguen sin eco en la conducción económica.
La permisología desbocada aún obstaculizadora, pese a grandes anuncios de reforma, sigue paralizando proyectos, sumado al reglamento de la Ley 21.600 de Conservación y Reserva, que amenaza la existencia de la pequeña minería. Así, el gatopardismo sigue presente: se dice una cosa y se hace otra; se compromete cambio para que todo siga igual.
Pero no todo está perdido en este cuento de piratas, bandidos y niños extraviados. La Corporación de Bienes de Capital proyecta un repunte de la inversión minera por más de US$8.300 millones, en 2025, apuntalado por expectativas de un nuevo ciclo político y un precio del cobre que podría superar los US$5 la libra en 2026. La minería privada vuelve a ser la gran esperanza de los ingresos fiscales, recordándonos su rol histórico en la estabilidad del país.
La experiencia argentina entrega una lección clara. Con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), nuestros vecinos han logrado, en poco más de un año, movilizar una cartera minera superior a US$30.000 millones, gracias a un marco de invariabilidad tributaria de 30 años y beneficios arancelarios que generan certeza y certidumbre.
En paralelo, el Tratado Minero Chile–Argentina abre una oportunidad única para que ambos países definan áreas conjuntas de operación, aprovechen sinergias logísticas y potencien la salida al Pacífico, que otorga una competitividad logística clave, ya que el mineral deberá recorrer solo 200 km desde la frontera a nuestro mar, seis veces menos que los 1.200 km de cordillera a las costas del Atlántico.
Chile no necesita inventar nada nuevo: ya tuvo instrumentos eficaces como el DL600, que dio seguridad jurídica y atrajo inversión decisiva. La tarea ahora no es escribir más discursos, sino establecer un marco estable, predecible y competitivo para que la minería siga siendo el motor de desarrollo.
En este contexto, y enfrentados a una interpretación antojadiza de los datos económicos, es evidente que urgentemente se requiere un INE no solo independiente, sino que autónomo. El tiempo de los relatos ya pasó; lo que urge es voluntad política para construir reglas claras que devuelvan confianza a un sector privado pujante, emprendedores, empresarios, inversionistas y ciudadanos.
Por Ramón Rada Jaman, exsecretario ejecutivo del Tratado Minero Chile-Argentina
